El Género y el Rol de las mujeres en los Acuerdos de Paz en Colombia
- Paula Seijo
- 1 jul 2019
- 15 Min. de lectura
El conflicto más longevo de América se saldó con 33% de las mujeres como negociadoras, el 3% de mediadoras y el 2% de signatarias.
Ciento noventa y siete veces aparece la palabra mujer en el Acuerdo Final de Paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Revolucionarias Armadas de Colombia (FARC-EP),[1] firmado el 26 de septiembre de 2016 en La Havana, Cuba. Detrás de este número, hay un gran hito histórico. Las mujeres fueron parte crucial en su construcción, logrando que por primera vez en la historia de un proceso de paz se transversalizara en todos los puntos del acuerdo el enfoque de género, étnico, territorial y de derechos humanos. En palabras del Instituto Kroc, la inclusión del enfoque de género ha representado ”un hito en materia de construcción de paz a nivel internacional, pues crea medidas concretas para promover la igualdad de derechos y la representación de las mujeres en la transición hacia la paz,[...] abordando la discriminación estructural y el impacto desproporcionado del conflicto sobre las mujeres y las niñas”[2]. Pocos Acuerdos de Paz han sido tan innovadores en la integración del enfoque del género en la historia y eso, es un logro de las mujeres de Colombia.
Un logro que le ha costado al país 262,197 muertos - siendo el 81% civiles[3] - y 7,7 millones de desplazados internos en 2017, según cifras de ACNUR[4]. Cinco décadas de conflicto armado, en los que el Centro de Memoria Histórica documentó 353.531 hechos, con 80.514 desaparecidos, 37.094 víctimas de secuestro, 15.687 víctimas de violencia sexual y 17.804 menores de 18 años reclutados[5], entre las más de 10 modalidades de violencia. El conflicto más antiguo y longevo de América Latina llegó a tener 12 movimientos guerrilleros, 12 movimientos paramilitares, 8 bandas criminales y más de 4 carteles de la droga[6], algunos todavía activos en algunas regiones del país. Pero lejos de las cifras de la guerra, pocos colombianos conocen las cifras de la paz. Según el investigador Mario Ramírez-Orozco y autor de La paz sin engaños, pocos conocen que antes del Acuerdo en La Habana, y desde mediados del siglo pasado, en Colombia han fracasado 10 intentos de paz, en gran medida, por no abordar las causas estructurales del conflicto[7].
Los orígenes del conflicto y las causas que lo propiciaron son todavía hoy un tema de arduo debate entre la academia. Mientras unos establecen el origen en la conformación del Frente Nacional en 1958 - un acuerdo entre los partidos liberal y conservador para poner fin a la sangrienta década conocida como ”La violencia”, monopolizando el poder político y obstaculizando el cambio social - otros, lo sitúan en las luchas agrarias en la década de 1920 o incluso, como la asesora Emma Wills, en la misma formación del Estado-Nación en el siglo XIX[8]. Aunque la fecha de inicio del conflicto sea una controversia, existe un mayor consenso sobre que ”la desigual repartición de tierras y la falta de espacios para la participación política dieron cabida al uso de la violencia y la lucha armada”[9]. Unas causas que en los subsiguientes años se fueron agravando con la irrupción del narcotráfico, el narcoterrorismo, el paramilitarismo, nuevos actores armados, la Guerra Fría y la guerra contra las drogas, entre otros factores, que fueron configurando las dinámicas del conflicto tal y como lo conocemos hoy día.
La dimensión de género en el conflicto
Las mujeres han jugado múltiples papeles, a veces superpuestos, en relación con la guerra y la paz en Colombia. Las mujeres han sido las grandes abanderadas de la paz, han sido víctimas, agentes de transformación y prestadoras de cuidados. También han sido combatientes en los diferentes grupos armados, aunque este aspecto siempre reciba menos publicidad. Las experiencias de la guerra no sólo son diferentes según el género sino también según otros factores como la edad, la etnia, la clase, la raza, la procedencia o la orientación sexual. Al analizar estas múltiples identidades superpuestas - lo que la activista Kimberle Williams Crenshaw denominó interseccionalidad - nos permite entender las diferentes experiencias del conflicto dependiendo de las identidades superpuestas en una persona[10].
La violencia de género ha afectado de manera diferente a hombres, mujeres, niños, niñas y jóvenes durante la guerra. Nadie puede discutirlo. Mientras los hombres ”constituyen la mayoría de combatientes y no combatientes asesinados en el conflicto armado [...] y el 95% de personas asesinadas y heridas por minas antipersona”[11], las mujeres han sufrido más ”desplazamientos masivos, violencia sexual, violaciones, trabajos forzados, prostitución forzada, abortos forzados y esclavitud”[12].
Según el Registro Único de Víctimas (RUV), las mujeres son el 91% de las víctimas de delitos contra la integridad sexual, el 51% de las víctimas de amenazas y el 50% del las víctimas de abandono o despojo de la tierra[13].
Según ONU Mujeres, ”las mujeres, las niñas y los niños constituyen el 78% de la población de personas desplazadas forzosamente, y una cifra desproporcionada de esta población corresponde a poblaciones afrodescendientes e indígenas”[14]. ACNUR cifra este desplazamiento, reportando que el ”21.2% son afrodescendientes, el 6.2% indígenas y el 42.4% son niños, niñas, jóvenes y adolescentes”[15]. Es evidente como la guerra ha exacerbado los patrones generales de discriminación y violencia contra las mujeres y niñas, reafirmando los roles de género y el uso de la violencia sexual como arma de guerra y control social en los territorios.
Desafiar los roles asignados a tu género, - en el caso de las mujeres, ser madre, cuidadora o prostituta - era motivo suficiente para verse ”sometidas a trabajos forzados, exclavitud sexual, servicio doméstico forzado, desaparición forzada, tortura o incluso la muerte”[16] por parte de los grupos paramilitares. Por otra parte, grupos como las FARC, también reafirmaron los roles tradicionales de género mediando, por ejemplo, en disputas de pareja o incluso sancionando a quienes maltrataban o violaban a las mujeres[17]. Aunque las FARC tenía en su reglamento la prohibición expresa de la violación y el acoso sexual, existen denuncias sobre el uso de estos métodos para el reclutamiento de mujeres y niñas, o casos de abuso de autoridad para entablar relaciones sexuales entre los comandantes de las FARC y niñas jóvenes[18]. Mención aparte es la práctica forzosa del uso de anticonceptivos o el aborto entre las mujeres embarazadas en sus filas, bajo la justificación de ser una necesidad propia de la guerra y un requisito para unirse a la insurgencia[19]. Sin embargo, y en la cima de la transgresión social y de lo que ”se esperaba de una mujer” estaba otra actividad: luchar.
Ellas, las que lucharon, bien por la paz o bien desde las filas de la insurgencia desafiaron la norma patriarcal que confinaba a la mujer al ámbito doméstico y privado, arriesgando en muchos casos su vida y la de sus familiares. Según ONU Mujeres, las mujeres representaron el 40% de las FARC y entre una cuarta parte y una tercera parte del ELN, un grupo guerrillero todavía activo en cinco regiones del país. Además, de los 4.885 excombatientes desmovilizados de cinco grupos insurgentes - el M19, el Ejército Popular de Liberación-EPL, el Partido Revolucionario de los Trabajadores de Colombia-PRT, el Movimiento armado Quintín Lame - MAQL y la Corriente de Renovación Socialista - que firmaron un acuerdo de paz en la década de los 90 en Colombia, 1.183 (24.2%) eran mujeres[20]. Estas cifras desmontan otro gran estereotipo de género, y es el de que las ”mujeres no sirven para la guerra” o el de que ”todas las mujeres luchan por la paz”. Valga precisar que desde los anales de la historia, las mujeres han encabezado numerosas luchas por el desarrollo de los pueblos, bien por medios pacíficos - en su mayoría - como también, por medios armados. Más allá del método utilizado, ambas han hecho tambalear viejas presunciones patriarcales sobre la capacidad de participación política y liderazgo de las mujeres, en la búsqueda de una sociedad más equitativa y justa.
Las mujeres y los procesos de paz colombianos
El Acuerdo de Paz de La Habana entre el gobierno colombiano y FARC-EP es, de lejos, el acuerdo más incluyente en la historia de los procesos de paz. Sin embargo, cuando comenzaron formalmente las negociaciones en 2012 tan solo 1 de 20 negociadores en la mesa era mujer[21]. Históricamente, Colombia ya había firmado hasta la fecha numerosos acuerdos de paz y raramente las mujeres habían jugado un papel decisivo en los equipos de negociación. De 1990 a 1994, Colombia firmó acuerdos con varios grupos - EPL, PRT, MAQL, la CRS y mantuvo numerosos diálogos - en los que solo participó una guerrillera como signataria. En el proceso que llevó a la desmovilización de las AUC - paramilitares en 2004, no participó ninguna mujer[22]. En las cuatro series de conversaciones entre Farc y el gobierno colombiano llevadas a cabo en los últimos treinta años, las mujeres tampoco gozaron de un papel visible. Sería en los diálogos de 1998 a 2002, entre las FARC y el presidente Andrés Pastrana, en los que una mujer - María Emma Mejía - actuaría como una de las negociadoras principales, y Ana Teresa Bernal como coordinadora de los comités temáticos desde los que se canalizarían las propuestas de la sociedad colombiana a la mesa de negociación[23]. Sin embargo, los diálogos se fueron al traste y no permitieron una mayor participación y consolidación de los movimientos de mujeres en la construcción de la paz.
Un nuevo impulso vendría con la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas - Mujeres, Paz y Seguridad - y su ratificación por el gobierno de Colombia, así como la movilización y creación por parte de las mujeres de iniciativas como ”Mujeres por la Paz” y la ”Coalición 1325”[24]. Las mujeres persistieron en su reclamo por una solución negociada al conflicto armado, trabajando por la paz en medio de un agudo conflicto armado en las regiones y preparando el terreno para futuras negociaciones. Las mujeres denunciaron las violaciones sistemáticas a los derechos humanos durante ’la seguridad democrática’ de Uribe, la militarización, el impacto de la guerra en las poblaciones o las fumigación aérea de los cultivos ilícitos. En palabras de Fátima Muriel, la presidenta de la Alianza de Mujeres Tejedoras de Vida al sur del país, en Putumayo: ”aquí nos tocó vivir todas las guerras: el Plan Colombia, la ofensiva y el dominio territorial de las FARC, las masacres y desapariciones de los grupos paramilitares, el auge de la economía cocalera o el abandono estatal. A mí me tocó negociar personalmente con los comandantes de las FARC la liberación de varios niños y niñas reclutados para la guerra o acuerdos humanitarios, incluso denunciar las fumigaciones indiscriminadas del Plan Colombia por las que las mujeres perdían sus cosechas, el sustento de sus familias”[25].
Las mujeres de todo el país desarrollaron un papel silencioso pero muy significativo como mediadoras de los conflictos en sus comunidades, ”pisando los territorios ocupados y persuadieron a los insurgentes que retiraran los bloqueos de las carreteras y permitieran el paso de alimentos, medicinas y personas a través de puestos de control militares, paramilitares y de las fuerzas insurgentes”[26].
Además, las mujeres también visibilizaron la situación de violencia sexual creando alianzas mundiales y buscando el respaldo internacional hacia su lucha. Todos los esfuerzos prepararon el terreno para que, una década más tarde, el gobierno reanudara las negociaciones con las FARC, con la mediación de Noruega y Cuba. Las conversaciones iniciaron en 2012 siendo ”todos los plenipotenciarios y los negociadores, salvo uno, hombres”[27]. Esto generó una conmoción general, a la vista de todos los marcos normativos nacionales e internacionales que exigían la inclusión de las mujeres en las conversaciones de paz, por no hablar, de todo el trabajo que habían realizado durante años desde los territorios. En vista de la exclusión, organizaron la Cumbre Nacional de Mujeres y Paz en Colombia en octubre de 2013, con el apoyo de ONU Mujeres y el sistema de Naciones Unidas, y en la que participaron 450 representantes de organizaciones de mujeres de 30 de los 32 departamentos del país. En la Cumbre, las mujeres afirmaron que ”las mujeres colombianas no queremos ser pactadas, queremos ser pactantes en la construcción de la paz”[28], presentando diferentes propuestas para la incorporación del enfoque de género en todos los puntos. Un mes más tarde, el gobierno designaba a dos mujeres - Nigeria Rentería y María Paulina Riveros - como negociadoras plenipotenciarias y establecía los primeros pasos para la creación de una Subcomisión de género[29].
En septiembre de 2014, se lanzaba la Subcomisión de Género para incluir las voces de las mujeres y revisar los Acuerdos desde una perspectiva de género. El establecimiento formal de este mecanismo para incluir el enfoque de género en las negociaciones de paz no tiene precedentes históricos[30]. En su labor, la Subcomisión invitó a tres delegaciones de representantes de organizaciones de mujeres y la comunidad LGTBI para presentar sus propuestas ante la mesa en la Habana[31]. La participación de las mujeres siguió creciendo y en 2015, las mujeres formaban parte del 20% de la delegación del gobierno y del 43% de la delegación de las FARC, reflejando su composición de género en su conjunto[32]. La abrumadora tarea de la Subcomisión de revisar que el enfoque de género fuera incluido en los puntos ya acordados - como en los que todavía estaban en diálogos - con el riesgo de que se reabrieran temas que ya se consideraban cerrados y persuadir a ambas delegaciones de su inclusión, culminó existosamente en julio de 2016[33]. Algunos de sus logros son, la mención explícita de asegurar el derecho de las mujeres a la titularidad de la tierra, así como priorizar a las mujeres en el acceso a subsidios y crédito, o la creación de un grupo especial dentro de la Comisión de la Verdad para velar por la inclusión del enfoque de género[34]. Hasta aquí, todo era un algarabía por lo que, contra todo pronóstico, se había logrado en el Acuerdo de Paz.
La sorpresa llegó con los resultados del Plebiscito celebrado el 2 de Octubre de 2016, el mecanismo oficial para la refrendación de los Acuerdos de Paz por parte de la sociedad civil. Recuerdo esa jornada pegada a un televisor rodeada de mujeres líderesas, después de pasar prácticamente un mes dando a conocer las implicaciones de los diferentes puntos del Acuerdo entre los sectores más rurales de la amazonía colombiana. En una de las votaciones más trascendentales de su historia, Colombia decía ’NO’ al plebiscito por la paz. Con un estrecho margen, el “No” - con el 50.23% - superaba al 49.76% del “Sí” y dejaba en claro, la gran polarización del país frente a la paz[35]. Los sectores más conservadores de Colombia, en cabeza del antiguo Procurador General de la nación - Alejandro Ordóñez - sectores evangelistas y católicos criticaron el Acuerdo de Paz por promover ’la ideología de género’, lo que fue erróneamente retratado como una amenaza a los valores tradicionales de la familia[36]. En realidad, el Acuerdo de Paz estaba totalmente en línea con el lenguaje progresista y el marco normativo legal de Colombia sobre los derechos de las mujeres y la no discriminación.
Tras el referéndum, el Presidente Santos llamó a un diálogo nacional con los líderes políticos de la oposición para salvar el proceso de paz. Se trabajó intensamente en la re-negociación de algunos puntos, entre ellos, el lenguaje inclusivo del Acuerdo para una mayor precisión y claridad de los conceptos. La aprobación final dejó varias lecciones en claro: 1) La presencia de más mujeres en la mesa de negociación no necesariamente hace la diferencia, si éstas no tienen capacidad de influencia y toma de decisión[37]; 2) El éxito del mecanismo de la Subcomisión de género se debió en gran medida al apoyo total de ambas delegaciones a sus recomendaciones y su inclusión en el Acuerdo de Paz[38]; 3) y quizás, la más importante y evocando las palabras de Simone de Beavouir sea: ”no olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Esos derechos nunca se dan por adquiridos. Debéis permanecer vigilantes durante toda vuestra vida” [39].
Pese a que la situación mejoró considerablemente a lo largo del tiempo, en gran medida gracias a los esfuerzos de incidencia y reivindicación de las propias organizaciones de mujeres del país, se ha seguido infravalorando y menospreciando los aportes de las mujeres en la construcción de paz. En un inicio, y pese a las exigencias de la normativa internacional - como la resolución 1325 - y nacional - como la propia Constitución - ninguno de los dos actores sentados a la mesa de negociación se percató sorprendentemente de la ausencia de representantes para más de la mitad de la población del país y el principal grupo afectado por las consecuencias de la guerra: las mujeres. Tras años de trabajo reconstruyendo el tejido social de las comunidades destruidas por el conflicto y siendo las principales defensoras de la paz durante décadas - muchas veces en silencio y otras levantando la voz-, nuestro derecho a ser incluidas en las negociaciones de paz no estaba adquirido, tocaba conquistarlo una vez más. Se logró, y bastó una campaña de manipulación de los principales opositores a la paz durante el Plebiscito para que, lo que ya estaba reconocido por ley, se cuestionara nuevamente en los Acuerdos de Paz. Una y otra vez, como a golpe de marcha y garganta, tocó reivindicar nuestro derecho universal a existir y a decidir sobre una cuestión tan trascendental para el futuro del país. Después de todo... después de tanto, es imposible no pensar que las palabras de Simone de Beauvoir son y serán - lamentablemente - un recordatorio fatal de la conquista diaria a la que estamos abocadas por nuestros derechos como mujeres en Colombia.
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¿Por qué todavía tenemos que defender la inclusión y participación de las mujeres en los procesos de paz?
Han pasado 39 años desde la adopción de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), 36 años de la Declaración sobre la participación de la mujer en la promoción de la paz y la cooperación internacionales (A/RES/37/63) y 18 años de la mítica resolución 1325 sobre ‘Mujeres, Paz y Seguridad’ en la que se insta a una mayor participación de la mujer en todos los esfuerzos de construcción, consolidación y mantenimiento de la paz, y a la que le han seguido numerosas resoluciones reiterativas e incontables informes. Y bien, ¿hemos avanzado en algo?
Desde 1990 a 2019, las mujeres han formado parte del 2% de los mediadores, el 5% de las signatarias y el 8% de los negociadores[40]. De los 1,187 Acuerdos de Paz analizados entre 1990 a 2017, el 81% no hace ninguna referencia a las mujeres y el 95% no hace tampoco ninguna referencia a la violencia basada en género[41]. Y este minúsculo progreso se lo debemos en gran medida a los avances realizados en los Acuerdos de Colombia (2016), Filipinas (2014) y Kenya (2008).
El conflicto más longevo de América se saldó con 33% de las mujeres como negociadoras, el 3% de mediadoras y el 2% de signatarias[42]. No hay mucho que celebrar a la vista de que, mientras las mujeres hacemos parte de la mitad de la población del mundo y hacemos significativas contribuciones a la paz y la seguridad internacionales, continuamos siendo largamente excluidas de los procesos de paz.
A pesar de la exclusión histórica de las mujeres de las mesas de paz, un número creciente de estudios muestra que las contribuciones de las mujeres a la prevención y resolución de conflictos reducen los conflictos y mejoran la estabilidad. Por ejemplo, la participación de la mujer en los procesos formales de paz contribuye al logro y la longevidad de los acuerdos. Según el instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz, “cuando las mujeres son incluidas en los procesos de forma significativa hay un 20% más de probabilidad de que el acuerdo dure al menos dos años y la posibilidad de que este se mantenga vivo durante al menos 15 años se incrementa en un 35%"[43]. International Interactions señala por otra parte, que la participación de los grupos de la sociedad civil, incluidas las organizaciones de mujeres, reduce en un 64% la probabilidad de que falle un Acuerdo de Paz[44]. De esta forma, ¿por qué si existe evidencia comparada de que la participación de la mujer genera pactos de paz más duraderos y estables, al igual que existe contada legislación nacional e internacional que promueve la inclusión de la mujer en las mesas de negociación, todavía estamos ’tiritando’ en las cifras? ¿Por qué todavía tenemos que reclamar nuestra presencia en los espacios de resolución de conflictos cuando somos, en sí, la mayoría de las víctimas? ¿Será esa vieja idea de que tanto la guerra, como hacer la paz es cosa de hombres? Dice el dicho ”que todos los caminos conducen a Roma”, al igual que todas las razones de la discriminación y exclusión de las mujeres en el poder conducen al mismo lugar: el PATRIARCADO.
Bibliografía y menciones:
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[1] Idem 30.
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[1] Idem 30.
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