El 96% de los casos denunciados de violencia de género en Colombia se queda en la IMPUNIDAD

Una reflexión muy personal sobre la eficacia y eficiencia de la administración de justicia en los casos de violencia de género en Colombia.

En los últimos años, Colombia ha tratado de cumplir con sus obligaciones de debida diligencia en cuanto a la prevención, protección, atención y sanción de la violencia contra la mujer según los estándares internacionales de la CEDAW y la Convención Belém do Pará, mediante la aprobación de leyes y planes nacionales específicos de la violencia contra la mujer (VCM), la creación de organismos especiales, la realización de campañas de sensibilización o la capacitación de funcionarios públicos, como la policía, médicos forenses, fiscales y otros miembros del poder judicial (Consejo de Derechos Humanos, 2012). Sin embargo, y pese a todos los avances, la violencia contra la mujer no cesa y sigue aumentando cada año de media un 3.5% respecto al año anterior[1], al mismo tiempo que la impunidad se mantiene atornillada en un 96% de los casos denunciados[2]. Por tanto, y como bien dice el dicho, en Colombia ”el camino al infierno está lleno de buenas intenciones”, pero los resultados están lejos de ser los deseados para poner fin a esta ’pandemia’ de violación sistemática de los derechos de las mujeres en el país.

En la última Encuesta Nacional, el 64,1% de las mujeres declaraba haber sido víctima de algún tipo de agresión, y tan sólo 2 de cada 10 se atrevía a denunciar o a solicitar algún tipo de ayuda institucional (MinSalud, 2015).

Detrás de estas cifras, existe un amplio subregistro de casos, amparado por el ”miedo a denunciar” y explicado por múltiples factores: el desconocimiento de los mecanismos y Rutas de Atención, la naturalización de la violencia basada en estereotipos de género, la falta de confianza y el temor a la re-victimización por el aparato judicial, la falta de garantías de seguridad y protección, la falta de acompañamiento jurídico y psicosocial, la ausencia de representación judicial de las víctimas o la impunidad consolidada en el sistema judicial que hace que las víctimas no crean en la capacidad del aparato de justicia para juzgar, sancionar y reparar su derecho a una vida libre de violencias (Sisma Mujer, 2017). Este preocupante panorama se refuerza con imaginarios que legitiman y refuerzan la violencia contra las mujeres anquilosados en todas las esferas públicas, incluido el sistema judicial, por ejemplo, cuando según un estudio de tolerancia social e institucional a la violencia basada en género en Colombia, el 21% de los funcionarios de la rama judicial cree que la violencia contra las mujeres tiene más importancia de la que se merece (MDGF, 2010). El 24% asegura que las mujeres exageran los hechos de violencia y el 29% considera que los violadores son por lo general hombres que no pueden controlar sus instintos sexuales (MDGF, 2010). Estos estereotipos, mitos e ideas preconcebidas, aunque lejos del marco normativo, en la práctica son recurrentes en el funcionamiento del sistema judicial y los organismos públicos y afectan seriamente en el derecho de acceso a la justicia a mujeres víctimas en Colombia.

Es común, por propia experiencia con No Estás Sola [3], los casos en los que: 1) Se da la falsa creencia - reforzada muchas veces por el propio aparato de justicia - de que si no se conoce el autor de los hechos o la víctima no tiene pruebas, no se puede investigar el caso; 2) El ’envilecimiento de la víctima’ haciéndola culpable o responsable de lo ocurrido, por su forma de vestir, su estilo de vida, su conducta sexual, su ocupación, entre otros factores, causando una doble revictimización y el abandono temprano de los procesos; 3) La escasa credibilidad y confianza en los testimonios de niñas y adolescentes; 4) La búsqueda de espacios de conciliación y mediación entre las víctimas y sus agresores para la no interposición de la denuncia, muchas veces bajo la creencia de que los problemas de la pareja son del ámbito privado y se arreglan ”bajo las sábanas”; 5) La interferencia en la vida privada de las víctimas para evaluar la credibilidad del testimonio y considerar el alcance del proceso; 6) Demora, lentitud y entorpecimiento del proceso de justicia, por pérdida de expedientes o irresponsabilidad del funcionario, llegando a poner en riesgo la vida de las denunciantes; 7) Falta de un marco normativo, jurisprudencia y protocolos de actuación para casos de violencia digital de género, dejando a la víctima desprotegida y desatendida; 8) La demora en el inicio de las investigaciones, lo cual termina perjudicando gravemente la recolección y clasificación de pruebas y testimonios del caso, condenando el proceso de antemano a ser infructuoso, entre otros muchos ejemplos de mala praxis del sistema. Según estándares del Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) y organismos como la OMS o UNICEF, los funcionarios o especialistas que atienden estos casos deben de ”minimizar la necesidad de que las víctimas cuenten repetidamente la historia”, así como ”maximizar los esfuerzo para que solo tengan que pasar por sólo un examen” (OEA). Aunque la razón y la obligación de cumplir con estos estándares es evidente, rara vez se cumplen.

¿Por qué? Existen muchas razones y también, muchas excusas. Es evidente la falta de presupuesto - menos del 0,5% del Presupuesto General del Estado se destina a VBG -, de infraestructuras adecuadas, de coordinación interinstitucional y de personal capacitado en análisis de género e interseccional para la investigación y judialización de casos de violencia de género en todo el país. Y es que además del deber de investigar y sancionar la violencia, de garantizar una reparación justa y otros muchos deberes y responsabilidades del Estado, también está el de garantizar un presupuesto adecuado y los medios necesarios para el cumplimiento de las obligaciones institucionales frente a esta problemática social. Y esto al gobierno colombiano se le olvidó, como pura tinta en un papel. ¿Puede la justicia ser efectiva si no cuenta con el número de profesionales necesario para investigar los casos? ¿Puede ser eficiente la justicia cuando sus profesionales en muchas oficinas regionales carecen de equipos informáticos, por no decir incluso de un sistema de registro centralizado de los casos de violencia basada en género (VBG)? ¿Puede ser eficiente cuando los planes de formación en género a los profesionales de la Ruta de Atención se resumen en un par de talleres aislados en el tiempo, infructuosos ante la rotación continua del personal?

¿Con una impunidad del 96% no es más que evidente que no hay justicia para las víctimas de violencia de género o que la justicia es ineficaz en la protección de los derechos de las mujeres?

Esta semana saltaba al espacio público, la profunda discriminación, estigmatización y revictimización a la que las mujeres se ven sometidas ante la interposición de una acción judicial con el caso de la Teniente de Policía Kelly Sierra, quien denunció abuso sexual por parte de su capitán Eduardo Merchán[4]. La Policía Nacional, institución que debe velar por la protección y seguridad de los ciudadanos, ha sido incapaz de apoyar, proteger y garantizar la seguridad de una de sus Tenientes ante éste caso. Por el contrario, ha dejado al agresor en libertad, a pesar del riesgo que esto supone para la víctima dada su relación de poder, y ha comenzado una campaña de desprestigio y miedo contra la víctima. La Procuraduría no reacciona y la Viceministra tampoco se ha pronunciado frente al caso. ¿Cuál es el mensaje que se da al resto de mujeres del país? No denuncien, es una pesadilla. Por tanto, aunque a nivel legislativo, los avances han sido grandes en la protección y garantía de los derechos de las mujeres, su aplicación es débil. Es necesario que, por ley, se recoja la obligación de garantizar presupuestos y recursos adecuados, especialmente a nivel regional para la implementación del Plan Nacional de Equidad de Género. Además, se deben aumentar las partidas para formación y capacitación, muy especialmente para el ámbito educativo e institucional y todos los organismos de la Ruta de Atención (Policía, Hospitales, Fiscalías, Comisarías de Familia, Instituto de Bienestar Familiar, entre otros). Y en un país donde la corrupción campa a sus anchas, se debe instar a la creación de mecanismos de veeduría pública, en los que participen organizaciones de la sociedad civil, para la observación, inspección y control de estos recursos, así como de las funciones institucionales establecidas en la normativa nacional.

A nivel institucional, es necesario el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación interinstitucional con protocolos de actuación claros que eviten la colisión y el entorpecimiento de competencias entre todos los organismos de la Ruta de Atención. Es urgente la dotación técnica de las Unidades de Investigación Criminal de Fiscalías y Policía Nacional, carentes a nivel regional del personal suficiente - peritos, psicólogos, antropólogos especializados en asuntos de género - y los medios técnicos (computadores, softwares de reconstrucción 3D para reconstrucción de los hechos, cabinas de grabación) para desarrollar con los tiempos establecidos el programa integral de investigación judicial (OACNUDH; ONU Mujeres). Sin embargo, nada de esto servirá si no se ponen en marcha medidas de sensibilización pública a nivel nacional. Es urgente, en mi opinión, la creación de una unidad de monitoreo de medios - dentro de la Consejería Presidencial para la Equidad de Género - desde la que se promuevan acciones comunicativas encaminadas a un cambio de actitud y comportamiento de patrones socio-culturales machistas, y desde la que se vigile la actuación de los medios de comunicación en la promoción de una cultura de odio y violencia, discriminatoria, homófoba y reforzadora del actual desequilibrio de poder entre géneros. Existen múltiples guías y protocolos para informar con perspectiva de género sobre feminicidios y casos de violencia de género a periodistas, que sin embargo nunca se cumplen. Es hora de pasar del papel a la acción, con medidas de acatamiento general de la normativa, los protocolos y rutas establecidas para la garantía y protección de los derechos de las mujeres en Colombia. Es urgente revertir la dinámica de desamparo y no-justicia ante la violencia de género que vive más de la mitad de la población en el país.

[1]”Aumentan los casos de violencia contra la mujer en 2018”, El Espectador, 24 Nov 2018. Disponible en: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/aumentan-los-casos-de-violencia-contra-la-mujer-en-2018-articulo-825545

[2] “Impunidad en Violencia contra la mujer es del 96% en Colombia” El Colombiano, 10 Ago 2018. Disponible en: http://www.elcolombiano.com/colombia/violencia-contra-la-mujer-en-colombia-EN7078547

[3] No Estás Sola (www.noestassola.com.co) es una iniciativa creada para combatir la violencia de género en Colombia, mediante procesos de sensibilización y formación en derechos, apoyo psicosocial y jurídico a las víctimas, gestión de casos de VBG a través de un sistema propio de registro y monitoreo de casos, entre otras líneas de trabajo.

[4] “Denunciar el abuso fue peor que quedarme callada, dice Teniente Kelly Sierra”, RCN Radio, 9 Ene 2019. Disponible en: https://www.rcnradio.com/colombia/denunciar-el-abuso-fue-peor-que-quedarme-callada-dice-teniente-kelly-sierra

_ Consejo de Derechos Humanos. (2012, Mayo 23). Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y sus consecuencias, Rashida Manjoo.

_ MDGF. (2010). Estudio sobre Tolerancia Social e Institucional a la Violencia de Género en Colombia. Bogotá D.F: MDGF.

_ MinSalud. (2015). Encuesta Nacional de Demografía y Salud. MinSalud; Profamilia, Bogotá.

_ OACNUDH; ONU Mujeres. Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género. Panamá: OACNUDH; ONU Mujeres.

_ OEA. Acceso a la Justicia para víctimas de violencia sexual en las Américas. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. OEA.

_ Sisma Mujer. (2017). La Luz que nos queda. Documentación de Casos de VIolencia Sexual contra las mujeres en el conflicto. Bogotá, Colombia: Sisma Mujer.